Las cláusulas abusivas en la Ley de Defensa del Consumidor

LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LA LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

La ley de defensa del consumidor es una ley de “orden público”.

Ello significa que debe ser aplicada siempre, incluso si las partes (proveedor o consumidor) pactaron algo diferente.

De lo contrario, las empresas podrían evadir fácilmente los controles y los derechos que fija la ley a favor de los consumidores.

Uno de los principales regulaciones que fija la Ley de Defensa del Consumidor, es el control de las cláusulas abusivas.

Como hemos dicho, es necesario equilibrar la desigualdad existente entre consumidores y empresarios y compensar la posición dominante de las empresas.

Para ello, existe el control de cláusulas abusivas de los contratos.

En caso de detectar un contrato con cláusulas abusivas, el juez las tendrá por nulas y no escritas (como si nunca hubieran existido).

Una cláusula abusiva es aquella que afecta desigualmente al consumidor en comparación con las obligaciones del proveedor.

Por ejemplo, una cláusula que le permite al empresario cambiar las condiciones del contrato (precio, servicios incluidos, etc.) sin aviso ni consentimiento previo del consumidor.

También pueden ser consideradas abusivas las cláusulas que no sean fácilmente comprensibles por el consumidor promedio.

A continuación, encontrará ejemplos de cláusulas consideradas abusivas (extraídas de la Resolución 53/2003 (Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor)

Son consideradas abusivas las cláusulas que:

  1. Confieran al proveedor el derecho exclusivo de interpretar el significado, alcance y cumplimiento de las cláusulas contractuales y de las prestaciones respectivas.
  2. Impongan al consumidor cualquier limitación en el ejercicio de acciones judiciales u otros recursos, o de cualquier manera condicionen el ejercicio de sus derechos, especialmente cuando:
  3. Excluyan o limiten en forma inadecuada la responsabilidad del proveedor, por los daños causados al consumidor por el producto adquirido o el servicio prestado y/o respecto de cualquier resarcimiento o reembolso legalmente exigible.
  4. Supediten el ejercicio de la facultad de resolución contractual por parte del consumidor, a la previa cancelación de las sumas adeudadas al proveedor, en los contratos celebrados por plazo indeterminado o por plazo cierto que prevea la resolución anticipada.
  5. Faculten al proveedor a suministrar otros productos o servicios no incluidos en el contrato, sin la previa y expresa aceptación por el consumidor y/o imponiéndole un plazo para comunicar que no los acepta.
  6. Infrinjan normas de protección del medio ambiente o posibiliten su violación.

 

IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS DEL CONSUMIDOR

Los derechos de los consumidores son irrenunciables (no pueden ser anulados o modificados por ningún acuerdo o contrato).

Este principio se deriva del artículo 65 de la Ley 24.240 al disponer que la Ley de Defensa del Consumidor es de orden público y que rige en todo el territorio nacional.

Orden público significa lisa y llanamente que ni los consumidores ni las empresas pueden acordar en contra de dicha ley, incluso aunque si así lo desean.

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